Revisitando el libro «La ofensiva de 1976» – Entrevista a Lucio Geller

El trabajo que a continuación presentamos es una entrevista realizada al investigador Lucio Geller a raíz de la publicación del libro «La ofensiva de 1976» por el periódico Tribuna Villa María. El propósito de esta publicación es generar un material que invita a la lectura del libro e instalar elementos para los análisis de situación a través de los enfrentamientos sociales.

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LT: La elaboración del material se realizó en entre los años 1979 y 1981 en pleno desarrollo de los acontecimientos del gobierno económico-militar. Desde la perspectiva actual, ¿por qué ha sido importante su reciente publicación (2021)?

Lucio Geller (LG). Por tres razones principales. La primera es reconocer que el golpe militar de 1976 incluyó, bajo la batuta de Martínez de Hoz, el intento más coherente de política económica después de los golpes militares de 1955 y 1966. Las medidas económicas adoptadas en el proceso autodenominado de reorganización nacional alcanzaron ribetes neoliberales antes que éstos estuvieran en boga en círculos académicos e internacionales. El ministro se propuso así resolver los problemas de productividad de Argentina: demora en la introducción de relaciones capitalistas en el campo y una industria en exceso protegida. Es necesario reconocer que, hasta entonces, y desde comienzos de la década de los 40s, los conflictos interburgueses nacidos de programas de industrialización hacia adentro se sucedieron sin solución de continuidad en la política económica.

La segunda razón es que un programa tan ambicioso para resolver esos problemas de productividad requirió la coerción de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas armadas, nunca antes conocida en la historia política argentina. Por último, las resistencias sociales y políticas a la coacción económica y a la represión de la dictadura militar decidieron una corta vida de la política económica de Martínez de Hoz. Desde entonces, el país ha vivido hasta la actualidad una sucesión de gobiernos democráticos incapaces de resolver los problemas de productividad industrial de nuestro país. El patrón argentino de acumulación capitalista, envuelto en sus contradicciones, ha carecido de una dirección burguesa de mediano y largo plazo que se sostuviese en la sucesión de gobiernos democráticos. Hoy día, esta conclusión sigue latente.

LT: En consideración a las razones principales que enuncias, ¿cuál es la organización del libro?

LG: El libro está organizado en seis lecturas. La lectura 1 (1979) describe los antecedentes, los propósitos y los instrumentos de la gestión económica de Martínez de Hoz como representante de una oligarquía financiera forjada en años de acumulación a pesar de las agitadas alternativas políticas que sucedieron a la industrialización inducida. La Lectura 2 (1980) se refiere a las primeras fisuras en el bloque hegemónico burgués que fueron de carácter financiero. La lectura 3 (1980) señala la redefinición táctica de la política económica de Martínez ante la emergencia de divergencias en el bloque hegemónico y oposiciones por parte de las clases subordinadas. La Lectura 4 (1980) incluye las iniciativas en el sector externo del gobierno económico-militar para superar los límites de acumulación de un país de baja y moderada productividad industrial en términos internacionales. La Lectura 5 (1981) ilustra la declinación de la gestión de Martínez de Hoz, azuzada por divergencias al interior de las fuerzas armadas. La Lectura 6 presenta el método escogido para el seguimiento de la política económica apelando al texto de Gramsci sobre las relaciones de fuerzas. Finalmente, el Epílogo (2021) remite a consideraciones pendientes sobre salarios y productividad, como asimismo a otro aspecto que aún no encuentra solución en nuestro devenir económico, esto es, la ausencia de una directriz capitalista que ponga un rumbo de crecimiento al sistema económico.

Una década y media después de la publicación de la Lectura 1, Martínez de Hoz publicó su libro titulado “Quince años después” donde explica las razones e instrumentos de su política económica. Para mi satisfacción, quedó demostrado que mi interpretación de su gestión económica se correspondió con las medidas y consecuencias implementadas por ese dictador económico.

LT: Está claro que la elaboración de las Lecturas tuvo lugar durante tu exilio en México. ¿Podrías abundar en las motivaciones para escribirlas y en las fuentes de información a las que recurriste?

LG. Invierto el orden de respuestas a tu pregunta. En cuanto a las fuentes de información apelé fundamentalmente a los diarios Clarín y La Nación como voceros cercanos a las fuerzas del orden económico y militar. Complementé esas fuentes con los informes periódicos del Ministerio de Economía. Para analizar en detalle las iniciativas externas del equipo económico recurrí también a materiales elaborados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y publicaciones periódicas de Brasil. Con el conjunto de fuentes, construí un damero con cada información ubicada en un casillero que me permitió interpretar la secuencia de los conflictos, los cambios de política y los desenlaces de los enfrentamientos apelando al método de Gramsci de las relaciones de fuerza. También queda así explicado que el libro no contenga un fárrago de cuadros estadísticos sino una lectura de economía política.

Las motivaciones resultaron de un compromiso político. Las lecturas estaban dirigidas para información de la colonia argentina en el exilio y como materiales para debatir con exilados de distintas orientaciones políticas sobre las razones del golpe de Estado de 1976. Para una corriente de exilados, los golpes de 1955, 1956 y 1976 tenían un denominador común y determinante; en todos los casos, esos golpes estaban dirigidos contra el movimiento social de los trabajadores y el peronismo como expresión política del campo popular. Esta explicación era universalmente compartida en el exilio. Sin embargo, la explicación era necesaria pero insuficiente ya que la solución de toda crisis en el sistema capitalista comporta la devaluación y la consiguiente pérdida de los salarios, a veces la represión al movimiento obrero. Sin embargo, esta posición obviaba otros determinantes que tuvieron especificidad en cada golpe de Estado.

Así, por ejemplo, otra corriente de exilados no dejó de apreciar el evidente conflicto interburgués que oponía a la industria con la producción agropecuaria; esta corriente distinguió a los sectores ligados al sector agropecuario como el soporte social del golpe de 1955; en tanto, los sectores sociales comprometidos con la industrialización, acelerada por la ideología desarrollista, estuvieron adscriptos al golpe de 1966. Según esta corriente, en 1955 las fuerzas armadas se propusieron restaurar los ingresos agropecuarios disminuidos durante la gestión peronista previa; a su turno, en 1966, los nuevos cuadros superiores de las fuerzas armadas, y sus intelectuales orgánicos, concebían que las retenciones agropecuarias que acompañaban a la devaluación debían simultáneamente financiar el proceso de industrialización, disminuir el impacto de la devaluación sobre los salarios y financiar el gasto público en inversiones.

Ocurrido el golpe de 1976, la interpretación dominante se decantó por reconocer que el caos social y político que siguió al fallecimiento de Perón exigía la restauración de un orden político que, a falta de una capacidad civil, correspondía a las fuerzas armadas. Esta interpretación incluía que el contenido económico de esa restauración era un intento de devolver “lo suyo” al sector agropecuario representado por la figura archiconocida de Martínez de Hoz quien ya había descollado por un discurso confrontativo con el gobierno de Perón en la inauguración de una muestra de la Sociedad Rural Argentina. Ya por entonces estaba asentándose en vastas conciencias políticas que el sector agropecuario era el demonio que conspiraba contra el mejoramiento de las condiciones de vida de los argentinos. Sin embargo, Martínez de Hoz personificaba una representación social más extensa en 1976. Por consiguiente, esta interpretación era incompleta y merecía otra perspectiva de análisis.

LT, Considerando la diversidad de esas interpretaciones, ¿cuál es la interpretación contenida en tu libro del golpe de 1976 y sus fundamentos teóricos?

LG. En mi libro señalo una aproximación a las interpretaciones de distintas corrientes del exilio. Por ejemplo, no puede dejar de reconocerse que el caos político y económico resultante del fracaso del plan Perón-Gelbard fue un desencadenante del golpe de 1976. Sin embargo, mi investigación me permitió sostener que ese caos fue fomentado por las conductas desestabilizadoras de aquellas fracciones sociales que facilitaron y acompañaron desde el inicio al golpe de Estado en marzo de 1976. En efecto, desatada la inflación por el aumento del precio del petróleo, y roto el Pacto Social, las demandas de los trabajadores por actualizar la pérdida de los salarios reales recibió una generosa respuesta del capital concentrado. La inflación se desató luego del fallecimiento de Perón cuando la demanda de salarios fue rápidamente acogida por sectores empresarios, arrojándose más combustible sobre la inflación. Las acciones de desestabilización debían sostenerse en los hechos hasta que el clima social requiriese una solución. La respuesta fue un orden impuesto a sangre y fuego que ocultaba otros propósitos económicos.

Sin embargo, el libro marca diferencias con otras interpretaciones manifestadas en el exilio. Esas diferencias son tres: primero, el reconocimiento de las disparidades de primero, baja productividad en el segundo) que estaban presentes en la raíz del conflicto intersectorial desde el proceso de industrialización promovido en los años 50s. Una segunda diferencia fue reconocer al sujeto social promotor de la desestabilización y más tarde gestor de la gestión económica de la dictadura. La tercera diferencia fue el método escogido de análisis que consistió en las enseñanzas de Gramsci contenidas en su análisis de las relaciones de fuerza.

LT. Explica por qué la baja productividad del sector industrial tuvo importancia como antecedente del golpe de 1976.

LG. El conflicto agropecuario-industrial era abiertamente reconocido. La dinámica del conflicto era la siguiente: el proceso de industrialización orientado al mercado interno generó una sucesión en la economía que se denominó “stop-go-stop-go´”. Una descripción sumaria de ese concepto es la siguiente: en tiempos de buenas cosechas (y generación de divisas) había margen para la expansión industrial (sustituciones de importaciones en otros sectores que significaron compra de bienes de capital e insumos importados). En tiempos de cosechas abundantes ese conflicto no se manifestaba. Sin embargo, en tiempos de cosechas bajas, el crecimiento industrial enfrentaba el escollo de divisas para financiar sus componentes importados. El ciclo agrícola era el gran condicionante del crecimiento industrial y de la economía nacional. La devaluación (y sus efectos inmediatos sobre la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios) era el recurso concebido, inevitable, para favorecer la compatibilización de intereses trabados por ese conflicto. Inicialmente, una solución académica concebida en los papeles fue facilitar la penetración de relaciones capitalistas en el campo para favorecer el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y aminorar las tensiones con el sector industrial. (Curiosamente, esta solución fue realidad cuando tuvo lugar la transformación productiva en el campo financiada con recursos privados).

El conflicto fue creciendo en intensidad. Las devaluaciones para corregir el déficit comercial fueron acompañadas de retenciones a las exportaciones para atenuar el impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios y financiar parcialmente la inversión pública. El conflicto se agudizó cuando el campo rechazó la aplicación de los instrumentos como medida de política económica. Desde la mitad de la década de los 60s, estaba definitivamente asentado en el pensamiento político que el sector agropecuario y sus socios exportadores de carne, cereales y granos eran los enemigos principales de los sectores populares.

No debiera extrañar que las limitaciones ya indicadas dieran lugar a tasas anuales de bajo crecimiento. Bastaría señalar que entre el 50 y el 76 Argentina tuvo 12 presidentes y 28 ministros de economía, una señal de que el crecimiento económico careció de un rumbo capitalista de acumulación durante ese período.

Las informaciones recogidas en el exilio llamaron mi atención que recién a fines de la década de los 60s empezaran a escucharse voces fundamentadas acerca del agotamiento del proceso de sustitución de importaciones en Argentina. Hasta entonces, desde sus comienzos e inmediatamente después, el entusiasmo por el proceso de industrialización no incluía juicios negativos sobre ese proceso ni sobre las modalidades de su inserción en la economía argentina. Convencidos que los problemas económicos tenían su raíz en el sector agropecuario, cuya productividad era más elevada que la del sector industrial, y que, por consiguiente, correspondía al primero financiar al segundo, los entusiastas de la industrialización hacia adentro proponían medidas que habrían de mejorar la productividad industrial en circunstancias que ya se habían cristalizado conductas empresariales acostumbradas a la protección industrial.

El golpe de 1976 se propuso entre otros objetivos superar los obstáculos limitantes de la baja productividad industrial. La dupla económica-militar adoptó un discurso que significaba lo siguiente: mientras nuestra productividad industrial crecía a pesar de las trabas estructurales, el aumento de productividad industrial era más rápido en los países industrializados.

Los resultados alcanzados por la dictadura en esta materia no fueron exitosos porque los aumentos de productividad alcanzados eran estadísticos (desaparición del mercado de pequeñas y medianas industrias de baja productividad). Por su parte, las grandes empresas aceptaron a regañadientes que el aumento de productividad debería responder a cambios en las bases técnicas y en la organización del trabajo y la producción. Así empezaron a manifestarse las fisuras en el bloque social que apoyó al golpe desde sus inicios.

LT. ¿Podrías extender tu argumentación sobre la baja productividad industrial?

LG: Mi libro sostiene que la dirección de la sustitución de importaciones tuvo defectos de concepción que impidieron crear una plataforma industrial de exportación distintas a las exportaciones tradicionales o exportaciones industriales de origen agropecuario. El proceso de sustitución avanzaba sin reparar en las limitaciones que significaban una población de tamaño medio, ingresos relativamente medios y, por consiguiente, mercados reducidos difíciles de generar economías externas que redujesen los costos unitarios de producción para dar lugar a saldos exportables industriales. Se sustituían importaciones al tiempo que se creaba una demanda adicional de divisas para importar componentes y energía, importaciones extra por bienes de capital y de consumo asociados al crecimiento de los ingresos.

En mi texto aludo al origen de la política industrial que constituye, a mi juicio, una pieza fundamental para entender el origen de los conflictos entre ambos sectores. Anticipando un nuevo ordenamiento mundial después de la segunda guerra, al comienzo de la década de los 40s ya se había establecido una discusión entre partidarios de una “industrialización exportable” vis-a-vis los partidarios de una “industrialización hacia adentro”. Los primeros eran partidarios de estimular la producción de manufacturas de origen agropecuario porque ahí se asentaban las ventajas comparativas. Por otra parte, un viejo principio de economía política justificaba la protección industrial a condición de que, en un plazo de tiempo, la protección fuese reduciéndose hasta que la producción industrial fuese exportable o, al menos, financiase sus propios requerimientos de importación. Se impusieron los partidarios de la sustitución orientada al mercado interno con razones de defensa militar, sin prever que la réplica en otros sectores de ese modelo de industrialización generaría problemas semejantes de productividad. El ejemplo mayúsculo fue la variedad de empresas metalúrgicas y químicas dedicadas a la producción militar bajo la égida de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Se entiende que la propiedad estatal de estas industrias estuviera gestionada por metas de producción sin prestar atención a metas de productividad.

Señalar estos problemas de productividad marcó la primera diferencia de interpretación con otros exilados que desconsideraban la productividad industrial como una de las razones del golpe de 1976. Cueste lo que costare, las causas del conflicto agropecuario-industrial debían corregirse para minimizar las contradicciones, y las coerciones para aumentar la productividad debían ser parte ineludible de la política económica.

LT.  ¿En qué sentido las medidas de política económica de la dictadura podían atender el objetivo de aumento de la productividad cuando todas las informaciones coinciden en un lento crecimiento de la economía y la desaparición de millares de empresas industriales?

LG. La productividad era tema tabú en Argentina (aún lo sigue siendo) pero no lo fue para la gestión económica de Martínez de Hoz. El objetivo principal de la dictadura económica-militar fue la reducción del conflicto agropecuario-industrial. El crecimiento de la economía habría de ser una resultante de las medidas iniciales adoptadas una vez que se manifestase, tiempo mediante, un aumento de la productividad industrial que cerrase la brecha de divisas del sector externo. Agotadas las zanahorias que habían posibilitado la sustitución de importaciones, había llegado la hora de darle palos a la protección industrial. Por supuesto, los frutos esperados de los principios neoliberales requerían un tiempo de maduración que dependía de las capacidades de resistencia y resiliencia de las empresas industriales. Previendo las dificultades iniciales, la gestión económica-militar decidió generar como primer paso un aumento de la plusvalía por la vía de una devaluación no tradicional; esta vez el gobierno blanqueó los precios de mercado negro de los bienes de consumo vigentes en el primer trimestre de 1976, reconoció las remuneraciones pactadas en los últimos convenios colectivos, y se arrogó el ritmo de aumento de los salarios así devaluados. La masa de plusvalía sería en adelante controlada por el Estado.

La masa de plusvalía así generada fue concebida como el colchón de adaptación de las empresas a las próximas medidas a adoptarse. El ajuste de las tarifas públicas, la liberación de las tasas de interés, el retraso del tipo de cambio, la reforma arancelaria y rebajas coyunturales de aranceles, fueron medidas que supuestamente obligarían a las empresas a aumentar la productividad. Por su parte, las empresas medianas y pequeñas sucumbieron porque no disponían de capital propio o financiamiento barato para enfrentar los gastos que exige un aumento de la productividad; su desaparición explica en buena medida el aumento estadístico de la productividad. El golpe esperaba que la mano de obra desplazada fuera absorbida por las industrias de origen agropecuario, potencialmente exportables. El conjunto de estas medidas no fue del paladar de los grandes empresarios acostumbrados a “hacer la plancha” en sus gestiones de productividad. El capital concentrado respondió preferentemente de acuerdo con su conducta cristalizada por la protección: antes que aumentar su productividad, optó por acumular riquezas aprovechándose a “precios de remate” de la liquidación de empresas gestionadas por el Banco de la Nación o el Banco Nacional de Desarrollo a raíz de las dificultades de aquellas para abonar los créditos contraídos. La liquidación de estas empresas, y el despido de trabajadores de empresas públicas formaron parte de la llamada Reforma del Estado.

Cabe consignar que la desaparición de miles de empresas industriales también tuvo lugar en el período 1966-72, durante el golpe comandado por Onganía. El propósito político entonces, y replicado en 1976, era el debilitamiento de la alianza de la pequeña y mediana burguesía con el movimiento obrero, dos clases sociales consideradas por el capital concentrado como subalternas, pero con voluntad y capacidad de oposiciones o réplicas políticas.

LT: Tu explicación del conflicto agropecuario-industrial me resulta hasta ahora estructuralista. ¿Cómo el tema de la productividad y los actores sociales entran en el análisis político?

LG. Coincido parcialmente con tu calificación de estructuralista a mi respuesta anterior. Sin embargo, la base orgánica de una sociedad no debe pasarse por alto. El ciclo agrícola (como limitante de la oferta de divisas) y las modalidades de una industrialización volcada al mercado interno (como demandante de divisas) son factores ubicables en la base orgánica al igual que las productividades sectoriales. Sin embargo, los cambios observables en la base orgánica entre 1943-1976 necesitan admitir una modificación en el tiempo de las tácticas y estrategias observables por viejos y nuevos actores sociales en el curso de los acontecimientos políticos. La base orgánica tiene un movimiento lento que se opone a la fluidez de acciones registrada en el nivel político. Aquellas interpretaciones del golpe que aludían al conflicto agropecuario-industrial como un enfrentamiento entre sectores se adherían a un análisis estructural, como si ese nivel de análisis no tuviera nuevos actores sociales con nuevas acciones y propósitos.

Por tanto, para entender la naturaleza del golpe de 1976 era necesario proceder a una identificación del sujeto social, o bloque social, que fue cómplice de las FFAA, al que denominé oligarquía financiera. Esa denominación corresponde a un entramado de intereses industriales, agrarios y bancarios que venía gestándose desde tiempo atrás, incluso antes de 1930. No se trataba de la vieja oligarquía exclusivamente enraizada en la propiedad del suelo. La renta agropecuaria y la plusvalía de los capitales agropecuarios se volcaron parcial y continuadamente en inversiones industriales y financieras (en el año 1976, la banca privada nacional competía con ventajas contra la banca privada extranjera).

Este sujeto, la oligarquía financiera, venía también fortalecida por distintos enfrentamientos; por eso, mi texto la reconoce como un sujeto social de viejo cuño por sus antecedentes históricos y sus inserciones productivas. Se entiende que la oligarquía financiera tuviese aspiraciones de hegemonía de un bloque social ya entonces integrado por intereses agropecuarios, industriales y financieros, que también incluía a otras fracciones subordinadas de la estructura social. La oligarquía financiera fue pues responsable de las operaciones de desestabilización política del gobierno peronista, y de complicidad con la fuerza militar para aplicar una política neoliberal de reorganización de la estructura productiva que suponía disminuir las brechas sectoriales de productividad y la dinámica de los conflictos internos.

La oligarquía financiera aplicó una política económica neoliberal de una manera muy presionada sobre una sociedad argentina muy organizada. Si bien los tiempos políticos fijados por la dictadura económico-militar eran temporalmente inciertos para alcanzar sus cometidos, la sucesión ajustada de las medidas económicas arriba mencionadas produjo resistencias sociales en las clases subordinadas; incluso intereses iniciales comprendidos en el bloque social dominante empezaron a desgranarse por disconformidad con los tiempos acotados de adaptación dispuestos por la gestión económica. De ahí que, una vez ocurrido el reemplazo de Videla por Viola, el proyecto de Martínez de Hoz estallase como un cristal en múltiples pedazos.

A partir de entonces, la política económica quedó en manos de políticos sin que ningún bloque social alternativo acompañase con vocación hegemónica la gestión de presidentes democráticamente elegidos. Esta situación continúa en nuestros días: la política económica es abiertamente discutida por políticos mientras las opiniones a favor o en contra son vertidas por fracciones sociales ocupadas en atender y defender a sus propios intereses. Así estamos, sin rumbo económico; esta ausencia corresponde a lo que hoy día se llama “ausencia de un programa económico”.

LT. Está difundido en varios ámbitos de militancia que el conflicto entre la oligarquía agropecuaria y los sectores industriales es el determinante a secas de las alternativas económicas y políticas en nuestra sociedad. En tu libro planteas que el sujeto o fracción dominante que emerge por sobre los demás es nombrado como oligarquía financiera, que básicamente sería un híbrido, un grupo de capitales que tiene inserción en ámbitos como el agro y la industria de manera indistinta…

LG, Así es. La oligarquía financiera fue representativa de intereses en el sector agropecuario, industrial y financiero. La individuación de ese sujeto social fue posible por la lectura del texto de Gramsci referida al método de análisis de las relaciones de fuerza. Este método permite elevar el nivel de análisis de la base orgánica al nivel político ya que las fracciones de clase, sus agrupamientos y reagrupamientos en bloques sociales son los contendientes políticos; a cada bloque social corresponde una fracción hegemónica que contempla en su estrategia la defensa de sus intereses y de aquellos intereses que comparten el bloque social. El método también considera la diferencia temporal en los movimientos de los niveles orgánicos y políticos (más lentos los primeros que los segundos) y las condiciones de emergencia de otros bloques sociales. El libro ofrece una comprensión del texto de Gramsci en la Lectura 6 acompañada de una descripción sumaria del ascenso y declinación de Martínez de Hoz en sus cinco años de gestión oficial.

La apelación a este método fue mi tercera diferencia de interpretación respecto a las otras que circularon en el exilio. Me habilitó a identificar a las empresas y los nombres y apellidos de sus representantes. Hecha esta identificación se procedió a rastrear los orígenes y desarrollo de su encuentro constitutivo como fracción hegemónica del bloque social dominante.

LT. ¿Encuentras alguna similitud entre las metas económicas del proyecto de la dictadura y el proyecto de las clases dominantes en la actualidad? ¿Consideras que un Pacto social que tenga como actores al Gobierno, los sindicatos y las cámaras empresariales sería una alternativa a tomar en cuenta?

LG. Tu pregunta puede descomponerse en dos partes. La primera se refiere a la similitud entre el proyecto de la dictadura y el proyecto de las clases dominantes en la actualidad. Si esa similitud se refiere a los propósitos de extensión y apropiación de plusvalía por las vías de concentración del capital y diversificación de las inversiones, comparto tu observación. Sin embargo, advierto que hoy día no existe ningún proyecto de crecimiento capitalista que sea reconocido como propio por las fracciones burguesas que disponen de las palancas de acumulación. Más bien, a este observador le parece que en los tres primeros años de la gestión de Martínez de Hoz, las metas e instrumentos de política económico eran compartidos por un amplio bloque burgués. Hoy día las fracciones sociales tienen diferentes conducciones; procuran actualmente la defensa de sus intereses propios a un lado u otro de la grieta política sin pretensiones de representar a un amplio bloque social. Quizás deban darse otras condiciones políticas (¿cómo el abrazo Perón-Balbín?) para que emerja un nuevo proyecto burgués sostenido en el tiempo.

La segunda parte de su pregunta alude a un Pacto Social de carácter tripartito al que concurrirían también gobierno y sindicatos representativos. Sin duda, un Pacto Social es necesario; la cuestión es cuáles sectores lo integrarían y el papel que correspondería al Estado según su composición de clase: el Estado podría acompañar los entendimientos de empresarios y sindicatos con una política económica ajustada a los acuerdos alcanzados, o simplemente arbitrar entre posiciones encontradas (lo que sería poca cosa). A mi juicio, un pacto social que se proponga un nuevo paradigma industrial, sostenido en el tiempo, requeriría del concurso de los sectores industriales que tienen las palancas de acumulación, y de la participación de los trabajadores de esos sectores.

El Pacto Social promovido en los años 1973-74, a mi entender, es una experiencia irrepetible. Ese Pacto se componía de un acuerdo de precios y de un plan trienal con medidas para favorecer al capital nacional. En aquellos años, ante variables externas desfavorables como fue el aumento externo de los precios del petróleo y las tasas de interés, el acuerdo de precios celebrado por CGE, CGT y el gobierno peronista (tasa 0% de aumento) se desbarrancó como resultado de la demanda de ajustes salariales y consiguientes aumentos de precios. El Plan Trienal de crecimiento en favor del capital nacional, pequeño y mediano, quedó descolocado por las alteraciones políticas que siguieron al fallido acuerdo de precios. Aún antes, en 1952, un intento de Perón por organizar un Congreso de la Productividad tuvo resultados paupérrimos por la falta de disposición del capital concentrado y la disposición de los sindicatos a no alterar ninguna conquista social.

Por tanto, cuáles fracciones sociales debieran conformar un nuevo acuerdo social para elevar la productividad industrial dependerá de cómo los resultados de confrontaciones políticas puedan derivar en compromisos para el crecimiento y la distribución de sus frutos. Cualquier compromiso social debe contemplar que variables externas o internas desfavorables, imprevistas, encuentren una respuesta flexible sin perder la meta estratégica. Aquello que ninguna duda me cabe es la necesidad de disminuir la brecha de productividad sectorial actuando sobre el sector industrial hasta generar una plataforma de exportaciones de manufacturas de origen industrial. Podrían así corregirse los problemas de las balanzas comercial y de pagos y los problemas del mercado de trabajo (desempleo, trabajos a tiempo parcial y demandas por trabajos de calidad o de mayores ingresos). Carlos Marx decía en el prólogo del tomo primero de El Capital, refiriéndose a Alemania, que su libro estaba referido a Inglaterra porque allí había ocurrido una revolución industrial que llevaba la ventaja sobre el resto de los países; el capitalismo en Alemania inevitablemente debería imitar a los ingleses, tanto en sus decisiones (…) como en sus instituciones.

Algunas soluciones que se esgrimen para el campo popular excluido del empleo son insuficientes. Cooperativas de trabajadores para gestionar empresas quebradas por anticuadas tecnologías y organización del trabajo no garantizan a los trabajadores ingresos semejantes a los percibidos por trabajadores en el mismo ramo de mayor productividad. Otra solución en danza es la producción de alimentos propios y excedentes vendibles en circunstancias que nuestro país tiene una producción agropecuaria que alimenta al mundo. En síntesis, a falta de una conciencia ampliamente decidida a sustituir al capitalismo por un sistema superior, resulta necesario un desarrollo capitalista en serio que sustituya al capitalismo subdesarrollado. Frente a esta tarea también hace falta que en el seno de la clase obrera se adopten posiciones, con ideología de clase, para participar de la solución a los problemas argentinos de inversión, empleo, productividad y mejoramiento de sus condiciones de vida.

LT. Tu planteo en torno al desarrollo capitalista plantea condiciones para la organización de la clase trabajadora en términos sociales y políticos. Y, en paralelo a ese proceso, la clase trabajadora debiera plantearse negociar con el sector económico sobre la base de una estrategia de clase. Me interesa, respecto al periodo que mencionas de los antecedentes, por ejemplo del Cordobazo, 69, 72… ¿Qué es lo que analizas de ese proceso de avanzada popular y en qué queda esa discusión para la actualidad?

LG. La lucha de clases no tiene solución de continuidad aun cuando la clase obrera tenga o no tenga una disposición favorable respecto al desarrollo de las fuerzas productivas en el sistema capitalista. En el pasado, sus luchas se caracterizaron por avances y retrocesos. La lucha por los salarios reales fue prioridad por las recurrentes devaluaciones, inflación y pérdidas del poder adquisitivo. Ofensivas para recuperarlo o mejorarlo provocaron contraofensivas para restablecer o aumentar la plusvalía. Los momentos de tregua o paz social fueron escasos. El saldo tendencial del flujo y reflujo de la lucha de clases no resultó favorable a la clase obrera como reflejan los indicadores actuales del mercado de trabajo y la distribución del ingreso. La clase trabajadora vive hoy una situación de penuria como nunca conocida; el movimiento obrero está fraccionado y sus direcciones cambian, aunque lentamente, por el peso de las coyunturas políticas. No se dan todavía suficientes debates sobre una estrategia de clase que incluya el desarrollo de las fuerzas productivas para provocar condiciones de alcanzar formas superiores de organización del sistema productivo y social. Los instrumentos de política económica para el desarrollo de las fuerzas productivas no debieran quedar bajo gestión exclusiva del gobierno y de las fuerzas burguesas que son su soporte.

Observo por ahora que las fracciones del movimiento obrero “miran desde la tribuna”, por ejemplo, los problemas persistentes de déficit fiscal y del déficit del sector externo. A mi juicio, correspondería que la clase trabajadora se involucrase con propuestas autónomas para resolver esos problemas y otros arriba mencionados. Por el momento, me limito en esta conversación a reflexiones generales porque mi historia no me ha habilitado para ser un cuadro orgánico en ningún nivel de organización de los trabajadores. Por ello, lo antedicho debe considerarse como una descripción del cuadro de situación de fuerzas que remite a la ideología y acciones del movimiento de los trabajadores argentinos.

LT, ¿Qué fundamentos han cambiado y cuáles otros persisten desde la ofensiva del 76?

LG, Considero en primer lugar una gran diferencia fundada en las condiciones políticas. La gestión económica en 1976 respondió a la máxima “la letra (de una política neoliberal) con sangre entra”. Más adelante en el tiempo, la gestión de los gobiernos democráticos no ha sabido o podido gestionar una política de acuerdos suficientes para impulsar el crecimiento y el bienestar de los trabajadores. Son persistentes los problemas que se arrastran desde hace décadas: la inflación, la consecuente pérdida del poder adquisitivo de las clases subordinadas, los déficits gemelos, la moneda nacional desconsiderada como medio de ahorro, la fuga de capitales, el endeudamiento externo, el desempleo creciente, la corrupción, la distribución del ingreso deteriorada, las magras tasas de crecimiento, la falta de calidad institucional.

Todos estos problemas fueron previos a la última dictadura económica-militar y persistieron después de ésta. Tal persistencia en la actualidad no es una herencia de la dictadura sino de la impotencia de las fuerzas burguesas para convocar, después de más de cuatro décadas de recuperación de la democracia, a un progreso económico sostenido que incluya metas de productividad industrial que fuesen creíbles. Una épica económica no excluye a la lucha de clases ni ésta es necesariamente inhibidora del crecimiento económico. Al contrario, propuestas propias de la clase obrera podrían contribuir como estímulo, antes que freno, al desarrollo de las fuerzas productivas; del mismo modo, la lucha por los salarios podría estimular acuerdos para introducir innovaciones que aumenten la productividad.

Sin embargo, es de apreciar que otras ideas inconducentes al crecimiento y al bienestar han ido ganando espacio en algunos sectores sociales identificados con el pensamiento nacional y popular; son, en definitiva, la demostración de una disminución de expectativas positivas. Me refiero a “vivir con lo nuestro” o “el consumo precede a la inversión”. Ambas fórmulas conducirían a que los trabajadores vivieran aún con menos.

LT. La subordinación del capital nacional al desarrollo global capitalista, ¿hace posible una proyección estratégica nacional?

LG. El país está incorporado a la aldea global, a un sistema capitalista internacional, en condiciones crecientemente subordinadas, imperializados por así decir. Nuestra deuda pública es indicativa del drenaje continuo del excedente económico a favor del capital financiero, nacional y extranjero. El endeudamiento del país aumenta la subordinación y ésta dificulta las condiciones para su disminución o superación. La subordinación también resulta del gasto global superior al producto bruto interno, débito que requiere ser financiado. Corresponde por tanto generar las condiciones para que la acumulación de plusvalía se traduzca en inversión interna. Por eso, la política, y su capítulo económico, resulte tan dominante por su capacidad para convocar a agentes sociales con vocación de progreso a provocar cambios positivos en la base orgánica. De ahí, otra vez, la importancia de Gramsci para entender que la lucha de clases es un proceso continuado que requiere estudiar las maneras de resolver los conflictos o librar los enfrentamientos con resultados favorables a la acumulación de fuerzas populares con las cuales estamos ideológicamente consustanciados.

LT. Te agradezco por tu tiempo y predisposición a conversar con La Tribuna.